Hace siete años ya del 17 de marzo de 1992, cuando aproximadamente a las 14.45 horas volaba la Embajada de Israel en la Argentina.
En semejante acto terrorista no solo hubo numerosas victimas humanas, sino que también nuestro país cedía al crimen internacional organizado para el terror, un espacio que luego fue muy bien aprovechado con la concesión de un segundo atentado, el de la AMIA en 1994, en el que los muertos y heridos se triplicaron.
A partir de allí, hay un punto de inflexión, con un antes y un después en la historia de los grandes crímenes perpetrados en Argentina pero lamentablemente, no hay un antes y un después en el progreso de las investigaciones, lo que está marcando una carencia seria y falta de calidad en el sistema de seguridad no sólo público, sino también privado.
Hoy se habla de «tolerancia cero» para el delito, en la creencia de que persiguiendo a los delincuentes menores, se reducirá el auge de la delincuencia mayor. Puede ser y así se demostró en Estados Unidos, precisamente en el Estado de Nueva York, pero allí, los grandes crímenes son los primeros que cuentan en la investigación y son resueltos con una excelencia en el servicio de seguridad tanto público como privado, cosa que aquí no pasa todavía.
Hay varios proyectos de ley nacional de seguridad privada en el Congreso de la Nación, que proponen entre otras cosas, la exigencia de una alta capacitación para ejercer en el servicio de protección a cosas y personas, pero que aún no ha visto la luz.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaba de sancionarse la Ley 118 (3/12/98), por la que se regula la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes, pero al día de hoy no se encuentra reglamentada.
Eso si, en cuanto a infracciones y faltas menores o pre-delictuales, permanentemente se reforma el Código de Contravenciones.
No es que algo esté fallando, porque ese algo no existe. Lo que está fallando es la velocidad con que se deben resolver estos desafíos, y hay que empezar por jerarquizar y profesionalizar a los servicios de seguridad, brindándoles una ley que les dé marco jurídico de competencia y les exija cada vez más capacitación, actualización y excelencia.
Luego vendrán los resultados, y con ellos, sin duda, las soluciones.
Hasta la próxima, los saluda con afecto,
El Director.
Fuente: Diario Legitima Defensa, edición Nº8, página 2. Impreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Marzo de 1999.
